Co2.

La captura y almacenamiento de carbono, el proyecto en el que se basa en buena medida el futuro del carbón como fuente energética y que centra la actividad investigadora de los institutos impulsados en los últimos años por el Gobierno en El Bierzo, no salvará el cambio climático ni llegará a tiempo para que las centrales térmicas de carbón sigan siendo sostenibles. Así se concluye en un informe titulado El carbón en España, un futuro negro , presentado ayer por Greenpeace. La organización ecologista explica que estas investigaciones, «que tienen por objeto reducir los impactos del cambio climático debidos a la quema de combustibles fósiles mediante la captura de CO 2 procedente de las centrales eléctricas y su almacenamiento en depósitos subterráneos», «no ofrecen una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso».

Pese a que el desarrollo de estos mecanismos está siendo ampliamiento promovido por las autoridades españolas y europeas para seguir construyendo y utilizando centrales de carbón, «no está previsto que el despliegue de estas tecnologías por las compañías eléctricas se pueda llevar a cabo antes del 2030 como muy pronto». Greenpeace considera que «para evitar los peores impactos del cambio climático las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en el 2015, dentro de sólo siete años».

Más gasto energético.

Además la tecnología de captura y almacenamiento de carbono utiliza entre el 10 y el 40% de la energía producida por una central eléctrica, así que «se prevé que su adopción a gran escala acabe con las ventajas de eficiencia conseguidas en los últimos 50 años y aumente en un tercio el consumo de los recursos». Por otro lado, el almacenamiento subterráneo del CO 2 es arriesgado, y no es posible garantizar un almacenamiento seguro y permanente. «Incluso con niveles de fuga muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático».

Además, Greenpeace recuerda que se trata de una tecnología cara, que puede llegar a duplicar el coste de las centrales y provocar que el precio de la electricidad se incremente entre un 21 y un 91%. Las centrales térmicas leonesas tienen niveles de emisión de CO 2 a la atmósfera muy superiores a las que tienen asignadas oficialmente para cumplir el compromiso de Kioto. Según el informe de la organización ecologista, entre el 2005 y el 2007 la central térmica de Anllares lanzó un 23% más de emisiones de las asignadas. Por su parte la central de Compostilla sólo tiene asignadas un 72% de las emisiones que realmente lanzó a la atmósfera en este periodo. En cuanto a La Robla, la cobertura de las emisiones asignadas es un 79% del total de las emitidas.

El informe de Greenpeace considera que las 22 centrales térmicas de carbón que aún operan en España deben cerrarse porque sólo proporcionan un 23% de la energía eléctrica; mientras que lanzan a la atmósfera un 64% de las emisiones del sector.

Apuesta además por fomentar las energías renovables, especialmente la eólica; y por destinar las ayudas del carbón a estas nuevas tecnologías.