Co2.

La captura y almacenamiento de carbono, el proyecto en el que se basa en buena medida el futuro del carbón como fuente energética y que centra la actividad investigadora de los institutos impulsados en los últimos años por el Gobierno en El Bierzo, no salvará el cambio climático ni llegará a tiempo para que las centrales térmicas de carbón sigan siendo sostenibles. Así se concluye en un informe titulado El carbón en España, un futuro negro , presentado ayer por Greenpeace. La organización ecologista explica que estas investigaciones, «que tienen por objeto reducir los impactos del cambio climático debidos a la quema de combustibles fósiles mediante la captura de CO 2 procedente de las centrales eléctricas y su almacenamiento en depósitos subterráneos», «no ofrecen una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso».

Pese a que el desarrollo de estos mecanismos está siendo ampliamiento promovido por las autoridades españolas y europeas para seguir construyendo y utilizando centrales de carbón, «no está previsto que el despliegue de estas tecnologías por las compañías eléctricas se pueda llevar a cabo antes del 2030 como muy pronto». Greenpeace considera que «para evitar los peores impactos del cambio climático las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en el 2015, dentro de sólo siete años».

Más gasto energético.

Además la tecnología de captura y almacenamiento de carbono utiliza entre el 10 y el 40% de la energía producida por una central eléctrica, así que «se prevé que su adopción a gran escala acabe con las ventajas de eficiencia conseguidas en los últimos 50 años y aumente en un tercio el consumo de los recursos». Por otro lado, el almacenamiento subterráneo del CO 2 es arriesgado, y no es posible garantizar un almacenamiento seguro y permanente. «Incluso con niveles de fuga muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático».

Además, Greenpeace recuerda que se trata de una tecnología cara, que puede llegar a duplicar el coste de las centrales y provocar que el precio de la electricidad se incremente entre un 21 y un 91%. Las centrales térmicas leonesas tienen niveles de emisión de CO 2 a la atmósfera muy superiores a las que tienen asignadas oficialmente para cumplir el compromiso de Kioto. Según el informe de la organización ecologista, entre el 2005 y el 2007 la central térmica de Anllares lanzó un 23% más de emisiones de las asignadas. Por su parte la central de Compostilla sólo tiene asignadas un 72% de las emisiones que realmente lanzó a la atmósfera en este periodo. En cuanto a La Robla, la cobertura de las emisiones asignadas es un 79% del total de las emitidas.

El informe de Greenpeace considera que las 22 centrales térmicas de carbón que aún operan en España deben cerrarse porque sólo proporcionan un 23% de la energía eléctrica; mientras que lanzan a la atmósfera un 64% de las emisiones del sector.

Apuesta además por fomentar las energías renovables, especialmente la eólica; y por destinar las ayudas del carbón a estas nuevas tecnologías.

Los números enmarcan el problema. El norteamericano Bill McKibben fijaba la situación recientemente: «Antes de la revolución industrial, la atmósfera terrestre contenía unas 280 partes por millón de dióxido de carbono. Con esa proporción la temperatura media del planeta era de unos 14 grados. Ese fue el escenario en el que se gestó la esencia del mundo que conocemos: las ciudades se construyeron en los lugares determinados por ese clima, lo mismo que las plantas que cultivamos y comemos, el agua que bebemos e, incluso, la sucesión de estaciones que configuró nuestros calendarios mentales. Tras empezar a quemar carbón la cifra aumentó. En los años 50 había subido ya a 315 y ahora está en 380″.

Esa cifra está empezando a cambiar el panorama: la temperatura media ha subido medio grado. ¿Irrisorio? Hay consenso general en que esto puede poner patas arriba lo que hasta ahora hemos conocido: las estaciones se trastocan, llueve menos, los glaciares se derriten y el nivel del mar sube.

No hay acuerdo científico sobre cual será la cifra roja que no debemos superar, pero algunos la sitúan en 450 partes por millón de dióxido de carbono. Al ritmo actual de dos partes por millón al año nos quedan 35 años para llegar al umbral. A partir de entonces quizás Al Gore tenga razón en la parte más oscura de su conocido documental y veamos llegar el nivel del mar a la Plaza del Ayuntamiento.

El mayor problema de este escenario es que no hay soluciones únicas ni fáciles, y algunas de las que están más en boga empiezan a ser contestadas. Y es, sobre todo, una cuestión casi filosófica. Nadie se atreve a decir que lo que hay que poner en marcha es algo tan complejo e improbable como un cambio de sociedad: de devoradora de energía a conservadora. Un cambio en el paradigma de nuestra existencia desde que se descubrió el petróleo.

Veamos algunos de remedios puestos en marcha y uno de los aparentemente descartados en España, la energía nuclear

Biocombustibles, esa amenaza.

En los últimos años se han depositado muchas esperanzas en los biocombustibles: en Cantabria proliferan los proyectos de fábricas productoras: en el puerto de Santander, en Sniace, etc. El Gobierno subvenciona su uso fundamentalmente como aditivo del diésel, es el biodiésel. Sin embargo, hay más sombras que luces en este proceso. Para empezar no es del todo cierto que sea una panacea para el medio ambiente. Cultivar las plantas de las que se produce, tratarlas con pesticidas y recogerlas tiene su precio y, al final, el balance energético es parejo: para producirlo se consume casi tanto combustible fósil como el que su utilización ahorra. Es más, la Agencia Europea de Medio Ambiente asegura que ni siquiera reducen la emisión de gases de efecto invernadero.

Y luego están los daños colaterales: ahora ya se tiene casi la completa seguridad de que el alza desmesurada del precio de los alimentos (un 83 % en tres años) está directamente relacionada con el desvío masivo de cereales, antes destinados a alimentación, hacia la fabricación de combustibles y el efecto expansivo que esto produce en otros dedicados al consumo humano. En efecto, el arroz ha subido en un año un 74 %, el trigo trepa hasta un 130%, la soja alcanza un 85 % y el maiz supera el 50% de subida. Y el panorama empeora con la inestimable ayuda del alza del petróleo, que multiplica costes.

Una economía desarrollada absorbe esas subidas con aumentos de la inflación como se ve en España, pero ¿y el tercer mundo?. Una fuente tan poco sospechosa de extremismo como el Fondo Monetario Internacional lo ha definido crudamente: los países más pobres lo absorben con hambre. “La lucha contra la pobreza ha retrocedido años en cuestión de meses”, aseguraba recientemente el director del FMI, el francés Dominique Strauss-Khan. Naciones Unidas ha puesto cifras más negras y ha cuantificado en 100 millones el número de nuevos pobres provocados por este cataclismo del precio de los alimentos.

El relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, lo ha dicho claramente en su despedida: «los biocombustibles son un crimen contra gran parte de la Humanidad, algo intolerable» pues la transformación masiva de alimentos para este fin ha provocado la escalada de los precios de productos básicos para la supervivencia de millones de personas. Ziegler no evade el problema, pero lo enfoca de otra manera: «El derecho a la vida y a la alimentación es el que prima». Ziegler criticó a EE. UU., que dedicó el año pasado un tercio de su cosecha de maíz a bioetanol, y a la Unión Europea, por su directiva según la cual en 2020 un 10 por ciento de su combustible debe venir de los biocarburantes.

Y es una pesadilla global: las sequías han reducido la producción en muchos países y el avance del desarrollo en el Sudeste Asiático ha provocado más demanda de alimentos. Si a eso se une la voracidad de las necesidades para los nuevos usos energéticos se tiene un panorama desolador de alza de precios constante y dificultad de abastecimiento para los países más pobres. Las últimas manifestaciones exigiendo alimentos en Haití y en Senegal cierran el panorama. La solución parcial a un problema parece haber engendrado otro mayor.

Una de las más claras decisiones en materia energética del Gobierno Zapatero ha sido el rechazo a la energía nuclear. Aunque los rigores de la crisis y la constatación de los incumplimientos de España en las emisiones de CO2 ha forzado a una ralentización de la actuación, el mensaje público es claro: a medida de que acaben su ciclo de vida útil se cerrarán las centrales nucleares españolas.

Nuclear ¿seguro que no?

La decisión de parón nuclear se toma en un país como el nuestro que sería la pesadilla de cualquier estudioso en estrategia. Dependemos fundamentalmente de las aportaciones exteriores que, en el caso del gas, provienen de países de alto riesgo político, como Argelia. No hay producción petrolífera propia, el carbón de nuestras térmicas es en su mayoría importado y compramos generosamente electricidad de producción nuclear a Francia, una paradoja puesta de manifiesto recientemente por el propio Felipe González. Por no hablar de la producción hidroeléctrica al albur de tener bueños años hidrológicos que últimamente tanto escasean.

Con una estructura energética así, España sería probablemente el país europeo que mejor podría desarrollar una política nuclear, la única que garantizaría una mayor autosuficiencia en todo momento (sin el albur de vientos y lluvias) y la posibilidad real de reducir las emisiones de CO2. Francia e Inglaterra así lo han entendido y han anunciado planes inmediatos de potenciación de la energía nuclear. Aquí en España parece entreverse que el rechazo ideológico hacia lo nuclear -crecido cuando las emisiones de CO2 y el efecto invernadero eran una minucia- ha ganado la batalla. Y en alguna ocasión con el entusiasta apoyo de algunas eléctricas, empeñadas -caso Ascó, bien reciente- en hacer de la peor manera posible su trabajo con una política casi suicida de seguridad.

Una mirada nueva hacia otra estrategia nuclear como la ya abordada en Europa y marginada en España no olvida que los problemas casi eternos de la gestión de los residuos y la pesadilla derivada de la seguridad de las instalaciones son factores importantes, pero ¿a nadie le llama la atención que hayan decidido lo mismo países con dirigentes tan antagónicos como Brown y Sarkozy? ¿No será que en esta cuestión han dejado de lado prejuicios ideológicos y han actuado con pragmatismo?

Estados Unidos es el mayor emisor mundial de CO2 y no parece que tenga intención de frenar, lo que por lo menos prometen -sin visos reales de cumplimiento- Europa y Japón. Los ojos del mundo se vuelven también a China y la India, economías emergentes, acusadas de ser los nuevos devoradores de materias primas del mundo. Sin embargo, el cálculo de las emisiones de CO2 a la atmósfera es también una cuestión moral. Si se mide ‘per cápita’ se observa que esos países emergentes están aún muy lejos de Estados Unidos. El problema es que su modelo de desarrollo cumple pautas ya conocidas: en China se abre cada semana una central térmica de carbón, y ese carbón en muchos casos se produce en las viejas minas norteamericanas que han visto abrirse un nuevo filón de negocio gracias a la caída del dólar. Y no parace probable que China acceda a paralizar su crecimiento mientras ve que otros no se inmutan.

¿Qué mensaje enviamos a los países emergentes? ¿Qué aumenten la factura gastando más dinero en energías limpias mientras nosotros somos incapaces no ya de bajar nuestras emisiones, si no de estabilizarlas? (España emitió el pasado año un 4% más).

El comercio mundial casa muy mal con todos estos juegos medioambientales. Cualquier sobreprecio en la producción puede arruinar un sector y desviar en cuestión de días los pedidos a otro mercado más permisivo.

¿Exagerado? Un ejemplo bien cercano. Tras la construcción de la terminal del carbón en Santander, la empresa que la opera tiene que enfrentarse a la competencia del puerto de Gijón en circunstancias de inferioridad. Allí, sin protestas ciudadanas y sin presiones de las autoridades, el carbón se estiba en campas al aire libre y se puede competir en mejores condiciones, ofreciendo un coste menor a los operadores, no especialmente sensibilizados por los reales y graves problemas de contaminación de Castilla-Hermida.

Batalla multiple.

Lo que muestran estos ejemplos es que la lucha contra las emisiones de CO2, principales responsables del cambio climático, es una batalla con muchos frentes. No se puede abordar con una mentalidad antigua como la de los biocombustibles, que buscan encontrar un nuevo ‘petróleo’, es decir, una panacea global para la anunciada escasez y el exceso de contaminación..

Tampoco se puede afrontar hurtando el debate sobre el desarrollo de los países del Tercer Mundo y manteniéndoles como una reserva barata de materias primas.

La solución, si la hay, debe partir de un enfoque global y de un necesario cambio en la forma de desarrollo. Es necesario decir a la sociedad, decirnos nosotros mismos, que los años de despilfarro han acabado. Algo de eso ya empieza a emerger -y, de momento, de la peor manera- en la actual crisis del agua, la que será una de las batallas de este siglo. No hay soluciones fáciles a los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera y ,además, algunas de las que se aplican con más dedicación, como los biocombustibles, son remedios peores que la enfermedad