El mar.

“Si encierras a una persona en una habitación caliente comenzará a respirar más rápido y producirá CO2 a mayor velocidad. Las plantas marinas también respiran más con el calentamiento de los mares”. El oceanógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carlos Duarte ilustra así por qué el mar podría convertirse en un generador más de CO2 y en un nuevo emisor de calor. “Durante el siglo XXI los océanos pueden calentarse cuatro grados. Si es así, la producción de dióxido de carbono se incrementará un 40%”, asegura.

El calentamiento está alterando el “metabolismo del mar”, afirma Duarte. El resultado es que se altera el balance entre los gases que produce la fotosíntesis de los microorganismos marinos y los de su respiración. La fotosíntesis es capaz de capturar 2.000 millones de toneladas de CO2. Pero el incremento del calor del mar puede conseguir que emita más del que captura.

Duarte y otros cinco expertos internacionales debatieron ayer en la Fundación BBVA, en Madrid, sobre la forma en que el calentamiento puede influir en los ecosistemas marinos. Y es que los organismos del mar pueden ser una pieza clave como grandes sumideros de CO2. Su ingente capacidad de captura “puede reducir el dióxido de carbono atmosférico hasta causar glaciaciones”, afirmó el oceanógrafo de la Universidad de Princeton Jorge Sarmiento.

Por eso planteó la posibilidad de estimular este proceso para “moderar notablemente el cambio climático”. “El tiempo se nos está acabando y debemos hacer cambios inmediatamente”. Aun así advirtió que, si no se hace de forma segura, se podría hacer más daño al ecosistema marino que los beneficios que se obtendrían. El plancton oceánico es, además, productor de más del 50% del oxígeno del planeta, más incluso que los árboles.

Duarte aprovechó el debate para denunciar la “enorme descompensación” entre los estudios de la tierra y del mar en el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. “Los océanos constituyen tres cuartas partes de la superficie terrestre que están en contacto directo con la atmósfera. Por eso no es sorprendente que determine la composición química de la atmósfera. Es imprescindible seguir investigando”.

Co2.

La captura y almacenamiento de carbono, el proyecto en el que se basa en buena medida el futuro del carbón como fuente energética y que centra la actividad investigadora de los institutos impulsados en los últimos años por el Gobierno en El Bierzo, no salvará el cambio climático ni llegará a tiempo para que las centrales térmicas de carbón sigan siendo sostenibles. Así se concluye en un informe titulado El carbón en España, un futuro negro , presentado ayer por Greenpeace. La organización ecologista explica que estas investigaciones, «que tienen por objeto reducir los impactos del cambio climático debidos a la quema de combustibles fósiles mediante la captura de CO 2 procedente de las centrales eléctricas y su almacenamiento en depósitos subterráneos», «no ofrecen una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso».

Pese a que el desarrollo de estos mecanismos está siendo ampliamiento promovido por las autoridades españolas y europeas para seguir construyendo y utilizando centrales de carbón, «no está previsto que el despliegue de estas tecnologías por las compañías eléctricas se pueda llevar a cabo antes del 2030 como muy pronto». Greenpeace considera que «para evitar los peores impactos del cambio climático las emisiones globales de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en el 2015, dentro de sólo siete años».

Más gasto energético.

Además la tecnología de captura y almacenamiento de carbono utiliza entre el 10 y el 40% de la energía producida por una central eléctrica, así que «se prevé que su adopción a gran escala acabe con las ventajas de eficiencia conseguidas en los últimos 50 años y aumente en un tercio el consumo de los recursos». Por otro lado, el almacenamiento subterráneo del CO 2 es arriesgado, y no es posible garantizar un almacenamiento seguro y permanente. «Incluso con niveles de fuga muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio climático».

Además, Greenpeace recuerda que se trata de una tecnología cara, que puede llegar a duplicar el coste de las centrales y provocar que el precio de la electricidad se incremente entre un 21 y un 91%. Las centrales térmicas leonesas tienen niveles de emisión de CO 2 a la atmósfera muy superiores a las que tienen asignadas oficialmente para cumplir el compromiso de Kioto. Según el informe de la organización ecologista, entre el 2005 y el 2007 la central térmica de Anllares lanzó un 23% más de emisiones de las asignadas. Por su parte la central de Compostilla sólo tiene asignadas un 72% de las emisiones que realmente lanzó a la atmósfera en este periodo. En cuanto a La Robla, la cobertura de las emisiones asignadas es un 79% del total de las emitidas.

El informe de Greenpeace considera que las 22 centrales térmicas de carbón que aún operan en España deben cerrarse porque sólo proporcionan un 23% de la energía eléctrica; mientras que lanzan a la atmósfera un 64% de las emisiones del sector.

Apuesta además por fomentar las energías renovables, especialmente la eólica; y por destinar las ayudas del carbón a estas nuevas tecnologías.

Co2.

La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobó ayer la propuesta de la Comisión Europea para que los coches nuevos tengan que emitir a partir de 2012 un máximo de 130 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, frente a los actuales 160 gramos.

Este voto supone que la petición de la industria europea del automóvil, agrupada en la patronal ACEA, de retrasar hasta 2015 la nueva regulación en aras de no perder competitividad ha sido desestimada. Además los eurodiputados han apoyado también que los fabricantes que no cumplan con la normativa tengan que enfrentarse a severas multas a partir de 2015 por importe de 35 euros por cada gramo que rebase de los 130.

El voto de ayer en la Comisión de Medio Ambiente, que contradice el que se produjo en la Comisión de Industria, más favorable a los fabricantes, hace prever una batalla feroz en noviembre, cuando se vote el texto en pleno.

La propuesta tiene que ir aún al Consejo de la UE, donde están representados todos los países, y a nadie se le escapa que Alemania e Italia votarán en contra del mencionado proyecto de la CE.

Confirmado. La reducción de emisiones de CO2 conseguida en el 2006 por España fue un mero espejismo. En el ejercicio siguiente, el correspondiente al 2007, los gases que causan el efecto invernadero no solo han vuelto a aumentar (el 1,8%), sino que han superado el peor dato registrado hasta ahora, que correspondía al 2005. España está más lejos que nunca de cumplir con el protocolo de Kioto (a 37,31 puntos) pese a que José Luis Rodríguez Zapatero repite sin cesar que su Gobierno va a ser el “campeón mundial” en la lucha contra el cambio climático.

Como ya es habitual, los datos fueron presentados ayer por el editor en España de la revista World Watch, José Santamarta, principal elaborador del estudio, y por el coordinador de la secretaría de Medio Ambiente del sindicato CCOO, Fernando Rodrigo. El estudio está reconocido como válido por los expertos habida cuenta de la inexistencia de cifras oficiales y la gran precisión que han demostrado sus cálculos.

¿Pero qué ha pasado para que el cambio de rumbo registrado en el 2006 se haya convertido en un simple paréntesis en el aumento galopante? Esta vez la excusa no puede ser la escasez de la producción hidroeléctrica derivada de la sequía porque creció el 6,4% respecto al año anterior. Tampoco la falta de energías renovables. El sector eólico evitó la emisión de 26 millones de toneladas de CO2, con un aumento de electricidad generada del 16%.

Pero la demanda eléctrica fue tan importante que, pese a ello, el consumo de carbón (altamente contaminante) aumentó el 8,8%, y el de gas natural, el 4,3%. El transporte supuso también emisiones en porcentajes similares. ¿Cómo se explica? Según Santamarta porqué el Gobierno “ni quiere hacer nada, ni sabe hacerlo”. “Los hechos no se compadecen para nada con las grandes palabras del presidente”, certificó el experto, que habla con conocimiento de causa. Los últimos cuatro años trabajó de asesor de la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

¿Qué futuro le espera a España con este panorama? Nuestro país se comprometió a aumentar la emisiones en un máximo del 15% respecto al nivel de 1990 y ya va por el 52,31%. El periodo de cumplimento de Kioto abarca desde el actual ejercicio hasta el 2012. La media de este quinquenio es la que servirá de referencia. Tanto World Watch como CCOO prevén que los datos bajarán algo no porque el Gobierno vaya ha hacer nada –”ya ha tirado la toalla”, según Santamarta–, sino por “la recesión de caballo” que se avecina.

Con la crisis económica se llegará, como máximo, a limitar el aumento al 45% respecto a 1990, lo que comportaría pagar una factura en adquisición de emisiones que alcanzaría por lo bajo los 4.000 millones de euros a abonar a través de la tarifa eléctrica y del erario público.

Ante este “fracaso de todo el Gobierno, del que Zapatero es el principal responsable”, CCOO propuso una serie de medidas –potenciar la energía solar, aprobar la aplazada ley de movilidad sostenible y dar prioridad al tren frente al coche– y exigió la comparecencia inmediata de la ministra de Medio Ambiente ante el Consejo Nacional del Clima.

Santamarta también denunció que el Ejecutivo esconde los datos de emisiones desagregados por comunidades autónomas. El propio experto confesó que cuando trabajaba de asesor ministerial se le impidió hacerlos públicos y “antes de perder el puesto de trabajo” dejó de elaborarlos. Y no es el único dato que asegura permanece escondido. Las cifras oficiales de la emisiones del 2006 todavía no han sido colgadas en la web y hay que acudir a la Agencia Europea del Medio Ambiente para obtenerlas.

Aunque no se espera que la captura y almacenamiento de carbono sea una realidad comercial hasta pasado el año 2020, el Gobierno ya ha dado los primeros pasos para que algún día nuestro subsuelo terrestre y marino pueda «esconder» parte del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. Así, desde el pasado 8 de febrero y hasta el 3 de abril, el BOE ha publicado once resoluciones, de la Dirección General de Política Energética y Minas, de reserva de zona a favor del Estado «susceptibles de ser un efectivo almacenamiento de dióxido de carbono».

Se trata de zonas que en principio son idóneas geológicamente hablando, si bien se deberán hacer estudios de viabilidad y los correspondientes estudios de impacto ambiental cuando se presenten proyectos para esas zonas, algo que no ocurrirá hasta que la Unión Europea apruebe la regulación de esta tecnología, previsiblemente en 2009.

Las zonas que reúnen condiciones favorables para servir como almacenes de carbono se sitúan en Asturias (2), Aragón (2), Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, según las resoluciones publicadas en el BOE. De éstas, cinco son áreas marinas -dos en Asturias, frente a Buelna y Llanes; una en Cantabria, frente a Suances; una en la bahía de Huelva, y otra más en Vizcaya, frente a Mundaka-.

Desde Greenpeace, la responsable de la campaña de cambio climático, Raquel Montón, quien ha estudiado las zonas propuestas, asegura que se trata de áreas de entre 500 y 900 kilómetros cuadrados (esta superficie tiene la zona reservada en la bahía de Huelva, por ejemplo) y que en algunos casos están muy próximas a espacios de alto valor ecológico, como las lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, o el parque nacional de Doñana, para la zona reservada frente a la costa de Huelva.

No es el único peligro que desde esta organización ecologista ven al uso de esta tecnología. Según denuncian en el informe «Falsas esperanzas: por qué la captura y almacenamiento de carbono no salvará el clima», se trata de una tecnología cara y que entraña peligros para los ecosistemas y los seres humanos, ya que el riesgo de fugas, en el mejor de los casos, sería del 1 por ciento.

En este sentido, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) trabaja desde hace dos años en el proyecto europeo Geocapacity sobre almacenamiento de CO2. Y desde allí matizan que se trata de buscar simplemente formaciones y estructuras iguales a las que la naturaleza ha desarrollado y que durante millones de años han mantenido secuestrado el petróleo o el gas o, en el caso de nuestro país, estructuras llenas de agua salina -no apta para la agricultura ni para el consumo humano-, que no se ha escapado en todo este tiempo. Las estimaciones del IGME sobre el mapa español de secuestro de CO2 apuntan que la España peninsular podría almacenar al menos entre 45-50 gigatoneladas de CO2, sin contar la plataforma continental.