El acuerdo aprobado hoy por el Parlamento Europeo obliga a que en 2020 la Unión emita un 20% menos de CO2 que en 1990, consuma un 20% menos de energía y genere el 20% de su energía primaria con fuentes renovables. El acuerdo no es suficiente, según los ecologistas, para evitar que la temperatura del Planeta crezca 2ºC sobre los niveles medios preindustriales, límite a partir del cual las consecuencias para el clima son imprevisibles, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

El plenario del Parlamento Europeo apoyó ayer en Estrasburgo un conjunto de propuestas sobre clima y energía que quedan, según Greenpeace, “muy lejos de lo que es necesario para evitar los peores efectos del cambio climático y reducir la dependencia de los combustibles fósiles”. Según los ecologistas, las medidas referidas a clima del mencionado paquete “están plagadas de exenciones que amenazan la viabilidad de alcanzar el más que débil objetivo de reducción del 20% de las emisiones e ignoran el principio de quien contamina paga, al prever el otorgamiento gratuito de gran número de derechos de emisión a la industria que más emisiones genera” [la eléctrica].

El único elemento claramente positivo del paquete, añade en un comunicado Greenpeace, está relacionado sin embargo con la vertiente energética, “en la que la Unión Europea se ha comprometido al objetivo común de alcanzar un 20% de generación mediante energías renovables para 2020″. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado además un acuerdo sobre la revisión de la directiva relativa al sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS en sus siglas en inglés). El ETS es, según el Europarlamento, un sistema de recorte y comercio, “pues rebajará el nivel de las emisiones permitidas, pero, dentro de ese límite, permitirá a los participantes comprar y vender derechos, con el fin de reducir las emisiones de forma rentable. La cantidad total de derechos emitidos descenderá cada año de forma gradual”.

Subasta con excepciones
En la actualidad, el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE cubre a más de 10.000 instalaciones de la industria y la energía, que son responsables de un 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. El ETS cubre, por ejemplo, centrales eléctricas, refinerías de petróleo y fábricas de cemento, vidrio, ladrillo, cerámica y cal.

La Comisión propone extender el ámbito de aplicación a nuevas industrias (como las de aluminio o petroquímicas)  así como a dos nuevos gases (óxido de nitrógeno y perfluorocarburos). El nuevo sistema se aplicará desde 2013 hasta 2020 y debería conducir a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 21% en comparación con los niveles de 2005.

En los dos primeros períodos comerciales (entre 2005 y 2013) la mayoría de las asignaciones de derechos se producirán libres de cargas para las instalaciones, algo que ha sido muy criticado por Greenpeace, que considera que esa medida desincentiva el ahorro y la eficiencia. El compromiso, sin embargo, establece el principio de la subasta a partir de 2013, pero incluye, de nuevo, excepciones.

A saber: para la generación de electricidad concretamente, la subasta se introducirá desde 2013, sí, pero el compromiso incluye la posibilidad de asignar gratuitamente derechos de emisión en un periodo transitorio, excepción que se aplicará especialmente en los nuevos Estados miembros, pero que no debe exceder el 70% de las asignaciones en 2013 y que desaparecerá en 2020.

Los Estados miembros dispondrán de un mecanismo de “compensación”, de forma que puedan reducir en menor porcentaje sus emisiones comprando créditos para proyectos dirigidos por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) que disminuyan las emisiones en terceros países. El compromiso establece que estos créditos no pueden superar el 50% de las reducciones globales de la UE para el periodo 2008-2020.

Esta solución adoptada ha sido muy criticada por las organizaciones ecologistas, porque, según WWF/Adena, “permite a los países de la UE realizar aproximadamente el 75% de dicha reducción fuera de sus fronteras. Esto se traduce en una disminución real de las emisiones comunitarias de únicamente el 4 o 5% de aquí a 2020”. Por ello, WWF ha pedido a los países de la UE que no hagan uso de créditos externos. Más aún, según esa organización, “contando con sólidas legislaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables, el objetivo de reducción del 20%, incluso del 30%, se puede alcanzar fácilmente dentro de las fronteras de Europa”.

El trato de favor a la aviación se mantiene sin cambios. El compromiso adoptado ahora no reabre la cuestión de cómo abordar el sector de la aviación en la directiva ETS. De hecho, dicho sector puede recibir hasta un 80% de las asignaciones de derechos de emisión de forma gratuita, durante todo el periodo. La comisión parlamentaria de Medio Ambiente propuso que la aviación recibiera el mismo trato que las industrias manufactureras, de forma que la cuota de asignaciones gratuitas fuera descendiendo año tras año hasta quedar completamente eliminada en 2020. Las emisiones del transporte aéreo han crecido extraordinariamente a lo largo de los últimos veinte años.

Basura.

China ha prohibido la distribución gratuita de los más de 3.000 millones de bolsas de plástico que consumía cada día. Irlanda y varios municipios de Gran Bretaña han obligado a los comercios a cobrar por ellas para fomentar su reutilización. Y en Francia se prohibirán a partir de 2010, si no son biodegradables. Sin embargo, la bolsa de plástico se resiste a salir de las tiendas y supermercados españoles.

La retirada de la fecha límite para su eliminación, fijada para 2010 en el anterior borrador del Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), le ha dado una segunda vida a este cotidiano y contaminante objeto. La organización ecologista Greenpeace exigió ayer al Gobierno que restablezca el límite de 2010 como plazo máximo para eliminar las bolsas de plástico no fabricadas con materiales biodegradables.

La ONG considera que al cumplirse un año del primer Día sin bolsas de plástico, celebrado el pasado 14 de diciembre, el departamento que dirige Elena Espinosa ha dado «un paso atrás» y «un giro» en el plan del Gobierno de eliminar este tipo de bolsas.

En el borrador del PNIR presentado el 22 de diciembre de 2007, el ministerio proponía 2010 como fecha de defunción de la bolsa de plástico. Pero la redacción de ese capítulo ha cambiado en el nuevo documento de octubre de 2008.

Fuentes del Ministerio aseguran que la fecha se ha mantenido en el borrador definitivo. Sin embargo, Greenpeace cree que la redacción literal ha pasado de dar una fecha límite clara a ofrecer una frase confusa y ambigua: «Calendario de sustitución de plásticos no biodegradables y prohibición progresiva en vigor en 2010».

Para la encargada de la campaña de contaminación de Greenpeace, Sara del Río, eso puede indicar «un plazo que comience en 2010 y que termine más tarde». «El caso de las bolsas de plástico es muy indicativo de las prioridades reales del Ministerio en la política de residuos», señala Sara del Río, «el Gobierno no aplica medidas rigurosas sino que se pliega a los intereses de la industria plástica, que ha presionado para que no se elimine el uso de estos utensilios». Las bolsas de plástico, cuyo uso medio es de 12 minutos, tienen un impacto ambiental «desproporcionado».

En España, según la organización, cada persona utiliza más de 350 bolsas al año, lo que supone 15.300 millones de bolsas anuales, de las que sólo se recicla el 10%. Cada una de ellas puede tardar cientos de años en descomponerse.

Rio contaminado.

Los fármacos se han convertido en un problema creciente para la fauna de los ríos y el Ebro es uno de los ejemplos de esos daños ecológicos causados por los medicamentos que se tiran por los desagües. Es una práctica todavía extendida en los domicilios, que de no erradicarse provocará crecientes afecciones.

Un reciente estudio realizado en el Ebro así lo advierte. Aunque la presencia de fármacos, sobre todo antibióticos, no afecta en un principio a la salud de los seres humanos, sí está afectando de forma negativa a la salud de la fauna del río Ebro, sobre todo a las especies más sensibles, que están teniendo ya problemas cardiovasculares. Así lo ha recogido Damiá Barceló, investigador del Instituto de Investigaciones Ambientales de Barcelona, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la ponencia que hoy ha presentado en el IV Congreso Nacional de Periodismo Sanitario que se celebra en Zaragoza.

Según este experto, entre las soluciones para evitar esta contaminación, destacan la mejora de las depuradoras y técnicas depuradoras, evitar los vertidos contaminantes al agua y concienciar a la sociedad de no actuar de forma irresponsable con el medio ambiente, como tirar los medicamentos caducados por el inodoro. En cuanto a las zonas del cauce del río más afectadas, Damiá Barceló afirma que depende de la balanza entre la densidad de la población y el nivel de la dilución del agua o disolución.

Así, apunta que Pamplona es una de las zonas más afectadas por los contaminantes emergentes del río Ebro, debido a que tiene mucha densidad de población y poca dilución del agua, mientras que en la zona de la ciudad de Zaragoza, aunque cuenta con mucha población, las aguas del río poseen mucha dilución, por lo que la contaminación es menor.

En situación diferente se encuentra el río Ebro a su paso por Arga, en Navarra, donde la contaminación es «importante» porque, a pesar de que hay menos población, el agua posee una menor dilución. Si bien la salud de los habitantes de aquellas zonas que rodean el cauce del río Ebro no está en peligro, el agua en mal estado es causante directa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) de veintitrés enfermedades en todo el mundo.

«La insalubridad del agua se puede deber tanto a la falta, debido a la sequía, como al exceso de la misma, como consecuencia de las inundaciones», ha explicado Janis K. Lazdins-Held, coordinador de la Unidad de Evaluación y Desarrollo de Producto del Programa Especial para la Investigación y Formación sobre Enfermedades Tropicales de la OMS, en la conferencia «La guerra del agua. La salud en un mundo sin agua».

Ha explicado que las veintitrés enfermedades se agrupan en cuatro grupos de patologías: «las transmitidas por el agua contaminada por materia fecal, como diarreas víricas y bacterianas, el cólera y la hepatitis A y E así como por parásitos -amebiasis, criptosporidiosis y giardiasis-.

También las causadas por escasez de agua, en muchos casos también de naturaleza fecal oral; las que se transmiten por contacto con agua contaminada con organismos que usan otros organismos acuáticos como huésped intermediario, siendo la más conocida la bilharzia, donde el intermediario es un caracol, y las asociadas con el agua y transmitidos por vectores donde el transmisor es el mosquito que transmite malaria, filariasis linfática, dengue, encefalitis del Nilo y japonesa.

Ámbar.

De momento no habrá explotación industrial del ámbar. «Eso ahora no nos preocupa», declaró ayer Javier López Marcano, que considera que el actual es tiempo de «conocer el yacimiento y salvaguardarlo. Mañana puede tener interés comercial, pero eso hoy lo postergamos en beneficio de la categoría científica» del hallazgo.

El consejo de Cultura fue rotundo al asegurar que ahora toca «investigación y paciencia». «Ya sé que la gente se pregunta si podremos explotar industrialmente el ámbar y si así se colocará el sobrino que está en paro». Ésta, sin embargo, no es la hora de hacer estas conjeturas «aunque podemos soñar», dijo Marcano, muy seguro de que hay que dejar que sigan adelante los estudios.

«Pensar en una explotación industrial dependería de que el IGME señalara que existe material suficiente», argumentó. Por ahora, no obstante, sólo cabe valorar su importancia cultural. «La cultura también es generadora de empleo», recalcó.

Marcano aspira a que el lugar se convierta «en uno de los mayores parques naturales con los que Cantabria jamás hubiera soñado». El primer paso está dado con la cueva de El Soplao, que ya ha recibido un millón de visitantes desde su apertura al público en 2005.

El director general del IGME, José Pedro Calvo, recalcó esta idea al señalar que su potencial «es alto en términos patrimoniales. Detrás de este yacimiento hay muchas historias con las que fascinar al público». Calvo situó en ese punto sus grandes posibilidades: en la capacidad «de informar de la vida retenida. En este sentido, el hallazgo es de una enorme trascendencia», remachó.

Marcano también dejó claro que las masas de ámbar, que han aparecido en unos terrenos cedidos por las juntas vecinales de la zona para construir el acceso al Territorio Soplao, «son patrimonio colectivo, cuyo titular es el Gobierno de Cantabria». De un lado, porque sigue vigente el convenio con las organizaciones de vecinos con el Ejecutivo y, de otro, porque con la ley en la mano, todo el patrimonio cántabro depende del Gobierno regional.

El consejero se felicitó, finalmente, por «el ejercicio de fe» que realizó en 2003 cuando encargó los primeros estudios sobre la zona. «Cuando empezaron a venir por aquí amigos y conocidos me preguntaban si estaba seguro de esto», apuntó. Con una sonrisa que demostraba que sí. Que lo estaba.

Base Antartida.

El planeta tiene dos hemisferios con estaciones opuestas, de modo que mientras llegan los fríos al norte comienza el buen tiempo en la mitad sur. Y eso supone también el pistoletazo de salida para investigadores de todo el mundo, que se aprestan a viajar hacia el verano antártico.

Entre ellos están los españoles. Se acaba de presentar en el Parque de las Ciencias de Granada la Campaña Antártica 2008-2009, que supone un gran despliegue logístico y de colaboración entre instituciones.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, la Armada, el Ejército de Tierra y la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cooperan para permitir que trabajen en el Polo Sur durante los próximos meses 48 grupos científicos, formados por 150 expertos de 74 instituciones españolas.

Se llevarán a cabo 25 proyectos, de los cuáles 18 se desarrollarán en las bases antárticas de nuestro país, la Juan Carlos I, en la isla Livingston, y la Gabriel de Castilla, en la isla Decepción. El resto se repartirá entre los buques oceanográficos ‘Hespérides’ y ‘Las Palmas’ e instalaciones de Chile, Argentina, Nueva Zelanda, Ucrania y Alemania en el Polo Sur.

Los trabajos de esta campaña contarán con un presupuesto de tres millones de euros, a los que hay que sumar otros 12 que el ministerio ha destinado a la remodelación de las dos bases españolas en el continente helado.

Estudiar el cambio global.

¿Pero qué es lo que investigan los científicos durante su estancia en la Antártida? Durante el acto de presentación en Granada, según informa la agencia Efe, el secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos Martínez Alonso, se refirió al continente blanco como un ‘laboratorio natural inmejorable’ para estudiar el cambio climático.

La toma de datos en esa zona del planeta, según Martínez Alonso, permite comprender buena parte de los fenómenos asociados a la circulación atmosférica y las corrientes marinas que están en la base del sistema del clima.

Un repaso a los 25 proyectos que se llevarán a cabo este año en la Antártida muestra como claro protagonista al cambio global. Este es el término con el que se refieren los científicos a la suma de transformaciones sobre el planeta producidas por el hombre, como la contaminación o la eliminación de biodiversidad, que sumadas a otros factores como el aumento global de temperaturas ahondan los efectos de éste.

De este modo, se estudiará la presencia de CO2, el retroceso de los glaciares o los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas. Un ejemplo: el aumento de las temperaturas afecta a los pingüinos porque potencia los parásitos que lo atacan, lo que es el tema de uno de los proyectos.

La campaña comenzó el 8 de octubre con la salida de Cartagena del buque Las Palmas y terminará en marzo de 2009, cuando el final del verano austral obligue al cierre temporal de las bases.